La PAC, para el que la trabaja

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Por : Carmen Morán

El reparto de las ayudas al campo que da Europa disgusta a los agricultores. Entre un 75% y un 80% de los 5.160 millones que recibe España se queda en manos del 20% de los beneficiarios. Así, miles de pequeños agricultores reciben entre 500 y 1.000 euros anuales mientras que grandes productores, terratenientes o ganaderos, se reparten ayudas cuantiosas; entre ellos, grandes empresas de la alimentación reciben millones de dinero público. El sistema es legal, pero el reparto cada vez está más cuestionado.

Europa está ahora redefiniendo la figura del agricultor, para frenar determinadas prácticas, pero no es fácil. El Tribunal de Cuentas Europeo alertó el año pasado de que el criterio de reparto permitía que se beneficiaran quienes “no desempeñan actividad agrícola o lo hacen de forma insignificante”.
El objetivo es vetar las subvenciones a los "agricultores de salón"

La UE también ha mostrado su preocupación por el reparto de los subsidios entre aquellos que el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha denominado “agricultores de salón”. La Política Agraria Común (PAC), ha dicho en alguna ocasión, "no tiene intención de pagar a agricultores de sofá". El objetivo ahora, según Ciolos, es evitar que sigan recibiendo ayudas, entre otros, aeropuertos y campos de golf e ir poniendo un tope al dinero que perciben los grandes productores agrícolas.

La propuesta europea que se discute estos días veta la concesión de los llamados pagos directos a aquellos perceptores que no alcancen a ingresar por esta vía ni un 5% de su renta total. Se entiende que así quedarán excluidos los que se dedican mayoritariamente a otras actividades que nada tienen que ver con la agricultura o la ganadería. Este límite no se aplicaría a aquellos que hayan percibido menos de 5.000 euros anuales porque pueden estar complementando su actividad habitual con alguna pequeña explotación agraria.

Pero la propuesta no convence a todos. El Tribunal de Cuentas Europeo considera que ese tope dirigido a excluir a “aeropuertos, compañías ferroviarias, inmobiliarias y empresas de gestión de instalaciones deportivas” de los que perciben estas ayudas, “no impedirá que aquellas personas que no ejercen, o solo marginalmente, una actividad agraria se beneficien de los pagos directos”.
El 75% del presupuesto se lo lleva un 20% de los beneficiarios

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también matizaría este nuevo criterio. Cree que el tope debería establecerse de otra manera, con la vista puesta en la producción: “No deberían recibir ayudas aquellos que ingresen con la venta de sus productos agrícolas menos del 25% de su renta total”. Considera que de esa manera los agricultores de verdad quedarían distinguidos del resto. La organización agroganadera Asaja tampoco está de acuerdo con ese límite del 5% de ingresos que propone Europa, pero por otros motivos. “Puede dejar fuera a algunos agricultores por el hecho de percibir rentas mayoritarias de otros sectores productivos”, dice Ignacio López, director Internacional de Asaja. 

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López explica que “no debería importar la persona que lo percibe, sino quién genera empleo en este sector, produce y cuida el medio ambiente”. La UPA comparte solo una porción de este razonamiento y pide que en la reforma haya “un filtro para las ayudas a las hectáreas no productivas”.
No es poca cosa ese filtro, porque la reforma que ahora se plantea desvincula de nuevo las ayudas que se perciben de la producción agrícola que se desempeña para relacionarla, sin más, con las hectáreas que se poseen. El miedo de premiar con ayudas la producción agrícola parte de los años setenta y ochenta, cuando el campo y la ganadería fueron excedentarios. Producir más de la cuenta salió caro. Por eso, las reformas posteriores relacionaron los subsidios con las hectáreas declaradas en años precedentes, sin vigilar si después se abandonaban los cultivos (por resumir un sistema que es enormemente complejo). La filosofía era premiar también al agricultor como guardián de espacios verdes, no solo como productor. De ahí los campos de golf y otros pastos.

Con la reforma que ahora se propone no importará siquiera si se cultivó alguna vez. Se tomará un año de referencia, 2014, y las hectáreas de campo que se acrediten entonces. En España hay 38 millones de hectáreas que podrían, de esa forma, percibir fondos. En 2009, optaron a estas ayudas 21 millones de hectáreas y en 2011 casi 25 millones. Europa da fondos para 17 millones de hectáreas en la actualidad. “Con el nuevo sistema cualquiera que tenga una hectárea, haga lo que haga con ella, podrá beneficiarse y eso no puede ser, porque las ayudas se quedarán en manos de quien tenga capacidad de jugar en los mercados, de especular y no entre los agricultores”, dicen en la UPA. “Si el temor es que la producción se dispare, que lo regulen, que lo inspeccionen, pero no se pueden desligar las ayudas de los productores”, afirma el secretario general de la organización, Lorenzo Ramos. Además, dice, “si todo se deja a las hectáreas que se poseen, como el 66% de las tierras están en arrendamiento y no se necesitan referencias de usos históricos, las hectáreas las cobrarán los propietarios”.

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Fuente :  El país